Rafael Ballester (Valencia, 1966) es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Jaume I de Castellón (UJI), que agrupa las carreras de Medicina, Enfermería y Psicología del campus público.
Pregunta. ¿Cómo ha recibido la decisión de la Generalitat de impedir que los alumnos de las universidades privadas
sigan haciendo prácticas en los hospitales públicos?
Respuesta. Los decanos de las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud pedíamos desde hace tiempo que se regulasen las prácticas porque ha habido un desbarajuste. Los anteriores Gobiernos de la Generalitat valenciana, del PP, han tenido un comportamiento irresponsable en la concesión de licencias de apertura para universidades privadas. Han dado permisos sin haber hecho estudios de mercado, en el sentido de pensar cuántos médicos, psicólogos o enfermeros necesita realmente la sociedad. Las facultades han proliferado en atención a otro tipo de intereses. Esto ha dado lugar a que en poblaciones como Castellón, que es pequeña, tengamos tres facultades de Medicina y dos de Enfermería. Además, el CEU empezó un año antes que nosotros Medicina. Cuando ellos comenzaron, a nosotros la Consejería de Educación no nos daba la financiación que necesitábamos para poner en marcha la carrera en la UJI.
P. ¿Los alumnos de las universidades públicas han tenido problemas para hacer prácticas en hospitales?
R. Los alumnos de las universidades privadas han estado copando las plazas de los hospitales y de los centros de salud de titularidad pública. En el caso de Medicina, con el agravante de que la privada iba un curso por delante. Los alumnos de la pública, que tienen mayor excelencia al haber superado una nota de corte bastante más alta, tienen que adaptarse a los huecos de la privada, que han accedido a las titulaciones por otros motivos.
P. ¿En qué se ha traducido?
R. En una aglomeración de estudiantes en los centros sanitarios públicos, lo que puede disminuir la calidad de las prácticas. Un precio que en justicia no tenemos que pagar. Los profesionales sanitarios han pasado, además, de dar docencia solo a residentes a tener que darla también a alumnos de grados y másteres de la pública y la privada. Eso produce una saturación. Ha habido servicios donde los profesionales han pedido que salieran los estudiantes porque no podían atender a los pacientes con tantos alumnos. Y yo lo entiendo. Más teniendo en cuenta que a estos profesionales no es que los compremos un castillo, sino que es un trabajo bastante altruista, que en gran parte se hace por la ilusión de contribuir a la formación de los universitarios.
P. ¿Cree que era un problema local o general?
R. Facultades de toda España llevamos denunciando la situación desde hace años. Lo que pasa es que hay Gobiernos autonómicos que cogen el toro por los cuernos y otros que no. En la Comunidad Valenciana ha hecho falta un cambio de Gobierno para empezar a tomar medidas más serias y responsables.
P. Las privadas argumentan que los padres de sus alumnos también pagan impuestos y contribuyen a sostener el sistema sanitario. ¿Qué opina?
R. Hay otros argumentos, como si una entidad privada y con ánimo de lucro puede estar utilizando espacios y recursos públicos. Es un tema de calado y de justicia social. Que los estudiantes de la pública vayan a hospitales públicos creo que lo entiende cualquiera, estando dentro de la misma Administración y de un sistema de valores basado en el esfuerzo y la atención a los ciudadanos.
P. ¿Qué pasa con los alumnos de las privadas cuyos alumnos ya han empezado las carreras?
R. Entiendo que las universidades privadas estén enfadadas y tengan que ver qué hacen con sus estudiantes. Las consejerías han dejado claro, y nosotros como universidades públicas asumiremos nuestra responsabilidad, que los alumnos que ya están cursando estudios sanitarios en las privadas tienen que poder acabar. No se les puede dejar en la cuneta. Y se arbitrarán las vías que hagan falta, a través de convenios con las universidades públicas, para que no se siga incumpliendo la Ley de Incompatibilidades. Por ejemplo podrían establecerse estancias de los estudiantes de las privadas en las públicas durante el periodo de prácticas. Pero desde un punto de vista general había que ordenarlo.
P. ¿Quién decide cuántas plazas podrán ofertar a partir de ahora las privadas en sus titulaciones sanitarias?
R. Tendrá que autorizarlo la Generalitat. Hasta ahora pasaba algo inaudito, y era que las consejerías de Educación y de Sanidad iban por separado. Se podían aprobar unos estudios que no tenían garantizados los puestos de prácticas. Ahora ambas consejerías van a ir de la mano. El número de plazas se revisa cada cierto tiempo por parte de la Aneca (la agencia de acreditación universitaria del Gobierno), pero tiene que contar con informes de las consejerías. En cualquier caso, la Consejería de Educación tiene la potestad de decir si unos estudios pueden o no seguir. Las universidades privadas tendrán que garantizar las prácticas y buscarlas en la sanidad privada.
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